La Teoría económica de la acción colectiva se ocupa de la provisión de los bienes públicos (y otros de consumo colectivo) a través de la colaboración de dos o más individuos y del impacto de las externalidades en el comportamiento de grupo. Es más comúnmente conocida como Teoría de la elección pública. El trabajo fundacional sobre la acción colectiva en el ámbito económico es el artículo de 1937 de Ronald Coase: The Nature of the Firm. En él, Coase introduce el concepto de costos de transacción para explicar el tamaño de las compañías y el problema del costo social en su artículo de 1960, The Problem of Social Cost

Como dice Broncano (2000) “la innovación tecnológica es cada vez más sensible a la acción colectiva” y su carácter de bien público no reside en que la tecnología sea intrínsecamente un bien, sino en que la innovación tecnológica es un fenómeno “improbable, contingente, generado por el mutuo refuerzo de esfuerzos innovadores, que solamente se percibe como bien cuando está creada, pero que en los momentos de despegue se observa como un fenómeno inútil y antieconómico” (p. 271).

¿Qué es lo que motiva a un agente a prestarse al trabajo que implica un bien colectivo como la tecnología?. Si lo evaluamos desde un punto de vista racional (ver eleccion_racional) usar y aprovecharse del conocimiento sin pagar el costo de su producción es la motivación más probable. Pero eso no explica qué motiva a alguien a investigar o a invertir en proyectos innovadores de mucho riesgo. Tampoco explica por qué algunos valoran más la creatividad que la satisfacción de intereses.

Sobre la acción colectiva es de importancia el libro de 1965 de Mancur Olson: The Logic of Collective Action: Public Goods and the Theory of Groups. La teoría de Olson explora las fallas de mercado en las cuales la racionalidad del consumidor individual y la búsqueda de ganancias de las compañías no llevan a una provisión eficiente de bienes públicos, i.e. cuando otro nivel de provisión proveería una utilidad a un costo menor. Es necesario destacar, sin embargo, que la teoría no desafía necesariamente el principio de la mano invisible de Adam Smith. Solo limita el dominio en el cual este principio se aplica: a los bienes puramente públicos en mercados competitivos, la búsqueda del interés propio es todavía eficiente. Además de la economía, la teoría ha encontrado muchas aplicaciones en la ciencia política, sociología y antropología.

En el análisis de Olson la causa de que una persona asuma un riesgo en vez de satisfacer un interés se representa de manera abstracta mediante un juego. el “dilema del prisionero”.

El dilema del prisionero es un problema fundamental de la teoría de juegos que muestra que dos personas pueden no cooperar incluso si en ello va el interés de ambas. S

• La policía arresta a dos sospechosos. No hay pruebas suficientes para condenarlos y, tras haberlos separado, los visita a cada uno y les ofrece el mismo trato. Si uno confiesa y su cómplice no, el cómplice será condenado a la pena total, diez años, y el primero será liberado. Si uno calla y el cómplice confiesa, el primero recibirá esa pena y será el cómplice quien salga libre. Si ambos confiesan, ambos serán condenados a seis años. Si ambos lo niegan, todo lo que podrán hacer será encerrarlos durante seis meses por un cargo menor.

En economía, negociación colectiva, psicología y ciencias políticas, se llama polizones a aquellos individuos o entes que consumen más que una parte equitativa de un recurso, o no afrontan una parte justa del costo de su producción. El problema del polizón (del inglés free rider problem) se ocupa de cómo hacer para evitar que alguien pueda ser un polizón, o por lo menos limitar sus efectos negativos.

El significado de “equitativo” no está exento de controversia, por lo general se considera al problema del polizón como un “problema” económico cuando se ocupa de la ausencia de producción o producción insuficiente de un bien público, y por ello de una ineficiencia de Pareto, o cuando conduce al uso excesivo de un recurso de propiedad común (véase también el problema de acción colectiva).

Un ejemplo del problema del polizón es el gasto militar: ninguna persona puede ser excluida de ser defendida por las fuerzas militares de un país, y por lo tanto los polizones podrían negarse o evitar pagar por ser defendidos, aún cuando están también defendidos como aquellos individuos que contribuyen a solventar los gastos del Estado. Por lo tanto, es práctica usual que los gobiernos no se financian utilizando donaciones voluntarias, sino que cobran impuestos y en algunos países realizan servicio militar obligatorio. El gobierno es el mecanismo primario mediante el cual las sociedades hacen frente a los problemas de polizones. Además de las medidas fiscales mencionadas previamente, las reglamentaciones son otra forma de acción colectiva tomada por los gobiernos para resolver problemas de polizones tales como impactos sobre el medio ambiente o uso excesivo de recursos.

En el contexto de los sindicatos, un polizón es un empleado que no paga cuota sindical, pero que sin embargo recibe los mismos beneficios conseguidos por la representación sindical para sus asociados que sí abonan su cuota. Según las leyes norteamericanas, los sindicatos están obligados a una responsabilidad de representación equitativa a todos los trabajadores, sin importar si están afiliados o no. Algunos juristas han cuestionado la equitatividad, o legalidad, de este principio.

El dilema del gorrón se produce bajo ciertas condiciones, como señala Broncano (2000):

• que el bien sea producido necesariamente de manera conjunta (de otro modo no exigiría acción colectiva)
• que la producción confiera beneficios a todos los miembros, de manera que no puedan ser excluidos del beneficio independientemente de la colaboración que hayan tenido en su producción
• que la producción exija costes

Esta situación provoca que los agentes consideren que no les interesa colaborar, hagan lo que hagan los demás, pues el agente piensa

1. si los demás no colaboran pierdo los costes de mi colaboración inútilmente
2. si los demás colaboran de todas firmas obtengo el bien aunque yo no colabore

La existencia de incentivos puede explicar la colaboración (o su ausencia la no colaboración), los cuales pueden haber sido creados por

• una autoridad externa que regule una forma de premios o castigos, ya sean materiales o de prestigio
• dinámicas internas del grupo que generen una estructura de incentivos o que influyan en los demás, sea para motivarles a colaborar o a desertar

La tragedia de los comunes (Tragedy of the commons) es un dilema descrito por Garrett Hardin en un artículo publicado por la revista Science en 1968. En él describe una situación en la cual varios individuos, motivados solo por el interés personal y actuando independiente pero racionalmente, terminan por destruir un recurso compartido limitado (el común) aunque a ninguno de ellos, ya sea como individuos o en conjunto, les convenga que tal destrucción suceda.

El argumento de Hardin se ilustra con el ejemplo de varios pastores que comparten los recursos de un pastizal para alimentar a su ganado. Como siempre sobra pasto llevan cada vez más animales al pastizal hasta llegar al punto en el que su capacidad de generar alimento se sobrepasa, y todos los animales perecen por falta de comida. El recurso se ha agotado por sobreexplotación.

El problema, según Hardin, no es que un bien se considere común, sino que no se definan derechos de explotación.

El caso contrario a este sería el de la Tragedia de los anticomunes, en la que individuos racionales, actuando de forma separada, malgastan un recurso por infraexplotado.

Broncano (2000) indica que hay varias estrategias de coordinación de los diversos intereses que confluyen en una acción colectiva o una gestión de un común:

Basado en la imposición gubernamental y que se fundamenta en

1. legitimidad de la autoridad
2. informes de expertos

Esta estrategia considera la participación pública como un mal indeseable que hay que evitar ya que considera a los ciudadanos personas no informadas y que basan sus reacciones en miedos irracionales. Solo los expertos son capaces de evaluar los riesgos. La ciudadanía se acabará acostumbrando a los cambios impuestos.

Los costes sociales de esta estrategia pueden volverse insoportables: el público genera desconfianza hacia la fiabilidad de los expertos y hacia la imparcialidad de las autoridades.

En esta estrategia el bien público a administrar se divide en bienes privados y la aportación de cada uno se valora y paga por ese mecanismo.

La tragedia de los comunes de Hardin explicada arriba se solucionaría con esta estrategia asignando a cada ciudadano un trozo de pastizal (el bien público) del que sería responsable.

¿Quién garantiza que el mecanismo de mercado es un mecanismo de mercado limpio? Las reglas de competencia pueden romperse mediante prácticas ocultas (por ejemplo, en EE.UU. el sistema de grandes contratos militares es un sistema oculto de financiación fuera del mercado).

Cuando el Estado incentiva mediante premios y castigos actúa en el mercado como parte y genera desconfianza en su papel como mediador.

Tienen el problema de que se genera desconfianza cuando la autoridad determina unilateralmente las compensaciones, ya que se perciben como corrupción y soborno.

Se generará desconfianza a menos que se incorpore también a expertos que representen varias opiniones sobre el tema debatido.

El principal problema de esta estrategia es **cómo organizar una discusión racional mediante transmisiones fiables de información.

Broncano (2000) considera las controversias no solo formas maduras de desarrollo tecnológico, sino también formas maduras de desarrollo democrático: algunas sociedades en momentos específicos deciden someter a discusión las opciones tecnológicas.

El empleo de métodos de decisión democráticos como referendos que toman la decisión por mayoría tiene la ventaja de estimular la participación y por consiguiente el grado de legitimación social de la decisión, pero no nos garantiza la racionalidad cuando están involucradas decisiones tecnológicas.

Solamente introduciendo formas colectivas de discusión, que tienen el precio, claro, de la dilación de las decisiones, podemos además aumentar simultáneamente el contenido de la racionalidad de la participación colectiva. Esta es precisamente la función de las controversias en tanto que nuevos instrumentos de legitimación de las decisiones tecnológicas.

Broncano, Fernando Mundos artificiales. Filosofía del cambio tecnológico Paidós. Mexico. 2000